En el reciente escándalo que se ha desatado por los 11 delincuentes muertos en Santander, lo más fácil para la prensa y algunos columnistas –que tienen como único fin deslegitimar los avances del gobierno y de la fuerza pública en todas las materias- es condenar al Ejército sin pruebas.

La fiscalía ha afirmado que: 1.Los jóvenes fueron reclutados con fines delictuales. 2. Los jóvenes no salieron con el propósito de trabajar o recoger café. 3. La Fiscalía no ha identificado aún a la organización criminal que los reclutó. 4. Los jóvenes murieron dados de baja por el Ejército, tal y como el Ejército lo ha dicho. 5. La Fiscalía aún no ha establecido la afirmación del Ejército de que fueron dados de baja en combate. 6. El levantamiento de los cadáveres lo realizó la Fiscalía, según los protocolos vigentes.

La afirmación 5 deja un manto de duda infame, más cuando la misma fiscalía hizo en su oportunidad el levantamiento de los cadáveres después de un combate, 7 de los 11 “muchachos” tenían antecedentes penales y algunos de los familiares denunciantes también.

Los medios han corrido a calificar este hecho de “falsos positivos” acrecentando aún más la infamia. Seguramente de hoy en adelante, cada guerrillero o paramilitar muerto, será denunciado convenientemente como un asesinato extrajudicial por parte del Estado.

¿Para que el Ejército necesitaría de falsos positivos después de un año histórico plagado de éxitos? Han caído, entre otros, el Negro Acacio, Raúl Reyes, Karina, Iván Ríos y para cerrar con broche de oro el irrefutable éxito de la Operación Jaque.

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